Pros y contras del sistema sanitario español
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; reconoce y garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Los partidos políticos son la expresión del pluralismo político, contribuyen a la formación y expresión de la voluntad popular y son un instrumento esencial de participación política. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres en la medida en que respeten la Constitución y la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos.
Los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que representan. Su creación y el ejercicio de sus actividades serán libres siempre que respeten la Constitución y la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos.
Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral, y en ningún caso podrá ser sometida a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo dispuesto por el derecho penal militar en tiempos de guerra.
Problemas del sistema sanitario español
España cuenta con un sistema sanitario universal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gasto sanitario total representó el 9,4% del PIB en España en 2011, ligeramente por encima de la media de la OCDE, que es del 9,3%. El sistema sanitario español está clasificado como el 7º más eficiente del mundo, tal y como indicaba en el año 2000 un informe de la Organización Mundial de la Salud[1] El sistema sanitario español ocupa el 19º lugar en Europa según el índice de consumo sanitario de 2018[2] España ocupa el 1º lugar del mundo en trasplantes de órganos[3][4].
El sector público es la principal fuente de financiación sanitaria. En España, el 73% del gasto sanitario fue financiado por fuentes públicas en 2011, muy cerca de la media del 72% de los países de la OCDE. Desde 2010, el gasto real en sanidad ha disminuido en España[5].
En caso de emergencia, los ciudadanos pueden acudir directamente a un hospital de urgencias. Para cualquier otro tipo de tratamiento hospitalario se requiere la derivación de un médico. Hay hospitales públicos y privados, y los primeros ofrecen tratamiento gratuito. Como algunos hospitales ofrecen tanto servicios sanitarios privados como estatales, es aconsejable presentar la tarjeta de la seguridad social, la TSE o un justificante de seguro privado.
La sanidad en España para los ciudadanos estadounidenses
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la asistencia sanitaria universal como el acceso que todos los ciudadanos o personas que residen en una nación tienen a los servicios de asistencia sanitaria sin enfrentarse a dificultades económicas. La OMS afirma que se trata de un elemento clave para mejorar el bienestar general de un país: también se considera una inversión en capital humano, una forma de reducir tanto la pobreza como la exclusión y un elemento fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo positivos.
Es sabido que España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, a lo que hay que añadir que cuenta con un sistema sanitario accesible y formidable. En este post se desvelarán más detalles sobre la asistencia sanitaria universal en España, los costes para los consumidores y cómo formar parte del sistema de seguridad social español.
En España, todo el mundo -sí, todo el mundo- tiene derecho a acceder a la asistencia sanitaria a través de la Constitución española, ratificada hace menos de 50 años. El Sistema Nacional de Salud en España está supervisado por el Ministerio de Sanidad en lo que respecta a la política y el presupuesto, aunque está descentralizado a nivel regional, lo que ha provocado disparidades en la atención y la calidad, así como crisis presupuestarias en los últimos años.
Qué es la constitución española
La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Se seleccionó un grupo de siete miembros entre los diputados elegidos de las Cortes para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].
